El 11 de marzo, la Nueva Mayoría llegó a La Moneda para asumir su período presencial, cuatro años en los que buscarán implementar su programa ya definido. Seis investigadores de LyD definieron aquellos puntos que no debieran dejarse de lado en las áreas de educación, salud, energía, concesiones, reformas políticas, empleo y  seguridad pública.

DOCENCIA Y ACREDITACIÓN: LAS PRINCIPALES PRIORIDADES EN EDUCACIÓN

María Paz Arzola

Investigadora del Programa Social de LyD

Mejorar el nivel de los profesores en las salas de clases y reformular la acreditación en la educación superior, son los dos puntos claves que debieran ser abordados por el Gobierno de Michelle Bachelet.

Respecto al primer punto, la Concertación rechazó el avance del proyecto de ley que creaba un sistema de promoción y desarrollo docente, enviado por la Administración Piñera. Éste buscaba introducir un sistema de evaluación que conciliara una certificación centralizada con una descentralizada a nivel de sostenedor, lo que permitía dar mayor flexibilidad para remunerar a los profesores de acuerdo a su desempeño en las aulas. De esta forma, se pretendía atraer mejores profesionales de esta área al sector público.

La evidencia sostiene que los docentes son el principal factor que influye en la calidad de un sistema escolar: “El techo de un sistema educativo es la calidad de sus profesores”[1]. Es así como los mejores sistemas escolares del mundo reclutan a sus estudiantes de Pedagogía del 30% de mejor desempeño, mientras que en Chile ésta es una carrera muy poco selectiva. Por eso, si queremos que Chile siga avanzando, y en especial el sector municipal, además de fortalecer y aumentar las exigencias de las carreras de Pedagogía, se debe progresar en una profesión docente atractiva, en que se premie el buen desempeño, y se dé espacio para innovar en mejores prácticas pedagógicas. El actual estatuto docente establece rigideces que limitan lo anterior, por lo que si la próxima Administración quiere que los alumnos del país progresen, debiera buscar la forma de modernizar la legislación al respecto.

En cuanto a la segunda área mencionada, luego de que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) recibiera fuertes cuestionamientos por sospecha de irregularidades en el otorgamiento de acreditaciones, se ha hecho un esfuerzo por recuperar la confianza en su labor. Sin embargo, todavía es necesario cambiar ciertos aspectos. En un sistema de educación como el nuestro, en que conviven instituciones de educación superior de distinta naturaleza, la acreditación debe revisar el cumplimiento de un mínimo que asegure el desarrollo de su proyecto educativo. Por eso, ésta debe transformarse en un procedimiento más transparente y objetivo, en que no queden espacios para dudar de los criterios aplicados.

Durante el Gobierno de Piñera se envió un proyecto de ley que buscaba avanzar en este sentido; entre los aspectos positivos, definía correctamente lo que significa la acreditación, establecía específicamente qué es lo que ésta mide, y velaba por una mayor continuidad en los mecanismos de supervisión del cumplimiento de los estándares relevantes. La Administración entrante debiese buscar la forma de avanzar en esa misma línea.

La acreditación puede ser además una forma de cautelar que los proyectos educativos sean viables y que no haya alargamiento excesivo de las carreras.

LO QUE QUEDA POR DEFINIR EN SALUD: INFRAESTRUCTURA E ISAPRES

Rodrigo Troncoso

Coordinador del Programa Social de LyD

El sistema público atiende a ocho de cada 10 chilenos y ofrece, en el corto y mediano plazo, las mejores oportunidades de mejorar el acceso y calidad de la salud a la mayor parte de la población, incluidas las familias más vulnerables. En los últimos cuatro años se lograron avances significativos en esta área: se terminaron las listas de espera del plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE), se aumentaron las becas para la formación de especialistas, se inauguraron 20 nuevos hospitales y están ya entregados o en ejecución más de 119 centros de salud.

Sin embargo, aún quedan pendientes mejoras sustanciales en la gestión de los consultorios y hospitales que se ha traducido en un servicio deficiente. Contar con consultorios más resolutivos, reformar la Agencia Nacional de Medicamentos, mejorar el gobierno corporativo de los hospitales -dando mayor flexibilidad en la administración de los recursos-, entre otras medidas, se traduciría en mejoras sustanciales del sistema de salud en Chile.

En materia de infraestructura, es preocupante que se quiera descartar a priori, por motivos ideológicos, las asociaciones público-privadas para la construcción de los nuevos hospitales anunciados. Éstas han demostrado ser una herramienta exitosa en la entrega de servicios a la comunidad en todo el mundo. De hecho, la mayoría de las personas preferiría ser atendida en el sector privado de salud y no en el público, pero no siempre se tiene acceso a éste.

Por su parte, el sistema de Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) lleva más de tres años con el vacío legal que dejó el fallo del Tribunal Constitucional que obliga a fijar por ley las tablas de factores, reduciendo las diferencias máximas en los valores de los planes por grupo de riesgo. Esto ha mantenido una alta judicialización en el sistema, con el alto costo que conlleva.

Las ISAPRES han permitido el acceso a la salud privada a una cantidad importante de familias de clase media; además han sido exitosas en contener los costos en salud, que es una de las grandes preocupaciones de estos sistemas a nivel mundial. No obstante, enfrentan importantes desafíos que son fuente de malestar e incertidumbre entre sus usuarios: no ofrecen una cobertura adecuada en el caso de enfermedades crónicas de alto costo, se consideran muy grandes las actuales diferencias de precio de los planes por grupo de riesgo y la excesiva judicialización sobrecarga innecesariamente al Poder Judicial.

Cualquier reforma a este sistema debe representar soluciones a los problemas identificados, manteniendo los beneficios en cuanto a calidad e innovación que se obtienen gracias a la competencia. Mientras se alcanza un consenso sobre una reforma de largo plazo, lo que podría tomar años, sería conveniente retomar el proyecto de ley corta de ISAPRE que fija una tabla de factores por ley y reduce considerablemente las diferencias máximas entre los valores de los planes para distintos grupos de riesgo.

URGENCIA EN MATERIA ENÉRGETICA

Susana Jiménez

Economista Senior de LyD

El nuevo Gobierno enfrentará importantes desafíos en materia energética, pues se avecina una situación muy compleja que amerita una actuación rápida y decidida por parte de la autoridad.

El principal problema que tenemos en la actualidad es que los proyectos de generación y transmisión eléctrica han estado enfrentando crecientes dificultades para su desarrollo por oposiciones ambientales y sociales, y la judicialización de los procesos de aprobación. Es así como no sólo se han rechazado y paralizado, sino que además se evidencia una alarmante ausencia de nuevos proyectos competitivos. Las dificultades existentes auguran una inminente estrechez energética, lo que abre un futuro preocupante en materia de abastecimiento y precios para el Sistema Interconectado Central (SIC).

En consecuencia, el próximo Gobierno deberá abordar con urgencia la necesidad de sacar adelante proyectos de generación (y transmisión) para abastecer la creciente demanda y evitar un mayor aumento de precios de la energía. En particular, la autoridad entrante deberá tomar acciones inmediatas para dar un fast track a nuevos proyectos de base de forma de atraer a nuevos actores al sistema.

En el corto plazo será necesario promover un uso más intensivo de Gas Natural Licuado (GNL), sin perjuicio de facilitar el desarrollo de algunos nuevos proyectos a carbón e hidroeléctricos medianos. La autoridad deberá avanzar además en la implementación de las nuevas normativas, como es el caso de: (i) las licitaciones de distribuidoras y distribuidoras sin contratos, de modo de viabilizar la obtención de contratos a largo plazo y reducir la carga que se ha impuesto a los generadores de suministrar a las distribuidoras sin contratos, lo que se convierte en una barrera de entrada a nuevos actores; y (ii) las licitaciones de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), las cuales debiesen ser estructuradas de manera de lograr el mínimo costo para el sistema y los consumidores, teniendo especial cuidado de las fuentes intermitentes y estacionales.

A más largo plazo, será necesario despejar el camino para el desarrollo de toda tecnología de generación disponibles; pues tanto la termoelectricidad, hidroelectricidad, ERNC y nuclear serán necesarias para sostener el crecimiento económico y social al que el país aspira. Para hacerlo posible será importante generar  un ambiente más propicio para el desarrollo de proyectos, lo cual requiere de medidas concretas que deben implementarse lo antes posible.

Los principales aspectos en que se debiera avanzar son: la agilización de trámites y permisos; promover un debate más informado para facilitar los acuerdos en torno al desarrollo energético que el país requiere; evitar políticas voluntaristas, como forzar un excesivo protagonismo de las ERNC sin considerar los costos inherentes; promover el uso de recursos hídricos y el desarrollo de la termoelectricidad para aportar energía de base; avanzar en un ordenamiento territorial que permita definir localizaciones más apropiadas para el desarrollo de proyectos energéticos; fomentar la participación ciudadana y formalizar la consulta indígena; establecer beneficios directos para las comunidades locales; y freno al activismo judicial.

Destrabar los proyectos energéticos no será fácil bajo las condiciones actuales y su éxito dependerá, en buena medida, de las decisiones que se tomen durante los próximos años y el liderazgo que muestren las nuevas autoridades.

CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS: DESAFÍOS DE CORTO Y LARGO PLAZO

José Francisco García

Coordinador de Políticas Públicas de LyD

El modelo de concesiones de obras públicas chileno le cambió la cara a la infraestructura del país y tiene el potencial de seguir haciéndolo. Fue fundamental para enfrentar en los años 90´ el gran déficit de infraestructura en diversos ámbitos que el Estado era incapaz de solventar y es un actor relevante en nuestro camino al desarrollo y la modernidad. Por lo mismo, debemos cuidar esta exitosa cooperación público-privada, restableciendo las confianzas entre los diversos actores y dándole mayor dinamismo al sector. Ello incluye, por supuesto, una serie de perfeccionamientos de cara a los nuevos desafíos y pasar desde una cartera de proyectos de primera generación a una de segunda, pensada en mejor calidad de vida de los chilenos.

Las concesiones en Chile venían perdiendo de manera notable su dinamismo en los últimos años, llegando a su punto más bajo en la pasada Administración Bachelet. Hoy, mirando el vaso medio lleno, la segunda parte del Gobierno de Piñera fue reconocidamente exitosa en apurar y recuperar el tiempo perdido de los primeros dos años, marcados no sólo por la reconstrucción post 27F, sino por la dificultad de formar equipos técnicos y una alta rotación en puestos claves. En el global, se llevaron adelante 31 proyectos, lo que implicará materializar cerca de US$ 7.000 millones (de los US$ 8.000 inicialmente proyectados para 2010-2014).

La nueva Administración deberá enfrentar desafíos en el corto y el largo plazo. Respecto del primero, deberá materializar una importante cartera de proyectos en curso que heredará del Gobierno de Sebastián Piñera y con diversos grados de avance: la relicitación del Aeropuerto A. Merino Benitez, la licitación de Américo Vespucio Oriente (tramo El Salto - Príncipe de Gales) y de diversos hospitales. Asimismo, las terceras pistas de la Ruta 5 Sur, el Puente Maipo, el tramo urbano de la ruta Santiago Los Vilos o la Cuesta Las Chilcas. También se pueden apreciar mejoras y la optimización de los actuales contratos.

Desde una perspectiva de largo plazo, junto con las diversas propuestas en materia de reforma al diseño institucional de concesiones –debiendo también ser pensadas para darles estabilidad a los equipos técnicos–, queda todavía amplio espacio para la modernización de los procesos licitatorios y considerar criterios de libre competencia en las bases de licitación para evitar situaciones de abuso en los servicios complementarios. La infraestructura carcelaria sigue siendo un problema mayor, de escaso avance durante la Administración de Piñera. Asimismo, es necesario repensar el esquema de incentivos y procesos respecto de las iniciativas privadas, que a comienzos de la década pasada tuvieron un gran auge y luego decayeron notoriamente.

Finalmente, buena parte de las energías deberán centrarse en las denominadas concesiones de segunda generación, esto es, en la denominada infraestructura social, siendo ahora clave poner mayor énfasis en la innovación, y ampliar el modelo de concesiones hacia los servicios y las necesidades de las personas que exigen hoy una mejor calidad de vida, considerando nuevas áreas como parques, estadios, transporte, recreación, etc.

EL EMPLEO COMO INSUMO DE EQUIDAD

Cecilia Cifuentes

Investigadora del Programa de Económico de LyD

Qué duda cabe que la agenda pendiente de políticas públicas está cruzada por el logro de una mayor equidad en la distribución del ingreso. Ciertamente, las políticas laborales son un insumo clave en este aspecto. La evidencia muestra con claridad que la pobreza en Chile está muy ligada a la disponibilidad y calidad del trabajo y que a través de mejorías en el mercado laboral se puede lograr aumentos de ingresos permanentes de los trabajadores. A este respecto, los gestores de políticas públicas deberían hacer cambios principalmente en dos áreas: la capacitación laboral y una revisión de las reglas salariales y, de esta forma, avanzar hacia esquemas más participativos, que busquen más la colaboración que el conflicto en las relaciones entre trabajadores y empleadores.

Actualmente el Estado, a través del Ministerio del Trabajo, destina cerca de US$ 400 millones anuales a capacitación y programas de empleo, monto que además de parecer insuficiente, no está focalizado en los sectores más vulnerables. La importancia de los programas de capacitación se hace evidente si consideramos que en Chile hay más de cinco millones de adultos que no terminaron la enseñanza media, número que representa a cerca de un 60% de la fuerza de trabajo. Por otro lado, los estudios muestran que un 44% de la población adulta en nuestro país es funcionalmente analfabeta y menos de un 5% tiene un nivel que supera un 75% de comprensión de un texto. Estas cifras son de 51% y 4% cuando los textos tienen componentes cuantitativos. Es inviable mejorar la distribución del ingreso sin enfrentar este desafío de capacitación, ya que esa es la real barrera que enfrentan muchos trabajadores para mejorar su situación. Finalmente, este desafío forma parte de uno mucho más global: mejorar la calidad de la educación, pero en este caso poniendo el foco en los trabajadores, quienes ya terminaron su educación formal, y que requieren entonces una capacitación específica para aumentar su productividad.

Un segundo campo de reformas es buscar mecanismos que acerquen el resultado de la empresa a los ingresos del trabajador, ya que esto constituye una poderosa herramienta de incentivo a la productividad. En lo concreto, esto se refiere a modificar el esquema de gratificaciones que existe actualmente, y que finalmente opera en la práctica como un componente fijo de la remuneración.

La legislación debería promover, siempre respetando la libertad de trabajadores y empleadores, esquemas más diversos que lleven a que ambos sean socios en el resultado de la empresa. Esto obviamente requiere también profundizar el diálogo bipartito entre organizaciones de trabajadores y empresariales para lograr un clima de mayor confianza y colaboración. Un rol clave que deben cumplir los agentes del Estado a este respecto es velar por el cumplimiento de la amplia normativa existente. Esto implica un rol colaborativo con las empresas de menos de 50 trabajadores, que abarcan a más de la mitad de los ocupados, y que suelen estar bastante ausentes de la discusión laboral pública.

REFORMAS POLÍTICAS: LAS TAREAS PENDIENTES PARA EL NUEVO GOBIERNO

Álvaro Bellolio

Coordinador del Programa Sociedad y Política de LyD

El equipo de Michelle Bachelet ya comienza a instalarse en el Palacio de La Moneda. Si bien dentro de su programa el énfasis está radicado en las reformas educacionales, tributarias y constitucionales; no dejan de ser prioritarias y relevantes aquellas de índole política, muchas de las cuales han sido discutidas durante la campaña y plantean desafíos no menores en el próximo período presidencial. Gran parte de éstas deberán ser lideradas por la ex Senadora del Maule Sur, Ximena Rincón, quien asume como Ministra de la Secretaría General de la Presidencia.

El primer desafío es la reforma al sistema electoral y la necesidad de un redistritaje, pues con la eliminación del Guarismo 120 el pasado 7 de enero se suprimió todo rastro de éste en la Constitución, dejando en manos a la Ley Orgánica Constitucional la determinación del número de diputados, los distritos electorales y su forma de elección. De esta manera, es materia de la nueva Administración lograr el consenso sobre qué tipo de sistema electoral se prefiere, ya que dado el sistema presidencialista chileno, la evidencia muestra que el mecanismo debe tener una orientación mayoritaria, privilegiando la gobernabilidad y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Sin embargo, también debe responder a ciertos criterios de proporcionalidad en cuanto a la representación que generan, debido a la tradición multipartidista de Chile. Esta complejidad explica el hecho de que más de 18 proyectos de ley con distintos sistemas electorales han sido enviados al Parlamento y aún no existe consenso sobre cuál es el óptimo para el país. Ahora bien, esta reforma no depende sólo del sistema electoral. Un desafío relevante es el redistritaje, esto es, redefinir los 60 distritos y circunscripciones que actualmente componen nuestro régimen electoral.

El segundo desafío importante es mejorar la ley de partidos políticos existente, debido a que se han criticado los niveles de transparencia, resolución de conflictos y designación de candidatos de los partidos, además de haber estado en la palestra la fiscalización al existir varios casos de falsos militantes, especialmente en los partidos nuevos y los más pequeños. En ese sentido, el rol de la futura Administración será el de analizar la iniciativa que envió el Gobierno de Piñera, o retirarla y proponer una nueva, de manera de mejorar la institucionalidad y la confianza en los partidos, elementos claves para el desarrollo democrático de nuestro país.

Un último tema es el voto de los chilenos en el extranjero, también ingresado al Congreso y donde la discusión va por la necesidad de que exista un vínculo con el chileno avecindado fuera de las fronteras, y del procedimiento de votación, es decir, si puede sufragar sólo en la embajada, para cuál elección puede hacerlo y si esta fecha es concurrente con la elección nacional.

Reformas y desafíos políticos para el nuevo Gobierno que se encuentran bastante presentes, y será interesante -desde el punto de vista de la academia, centros de estudios y oposición- ver cómo van proponiendo soluciones, siempre buscando fortalecer y profundizar nuestra democracia.

SEGURIDAD PÚBLICA: INSTITUCIONALIZAR LAS POLÍTICAS BASADAS EN EVIDENCIA

José Francisco García

Coordinador de Políticas Públicas de LyD

La Administración Piñera deja un balance con luces y sombras. Si bien se ha reconocido, de manera autocrítica por el propio Gobierno, que se generaron expectativas extraordinariamente altas en esta materia; las metas de reducción de victimización comprometidas en el Chile Seguro 2010-2014 se cumplieron. En efecto, si bien la victimización bajó de un 33,6% (2009) a un 24,8% (2013), lo que significa que 367.000 familias dejaron de ser víctimas de la delincuencia, la percepción de la ciudadanía es negativa y crítica en este ámbito. Más aún, la comparación internacional nos muestra todavía en una situación deficitaria en diversos delitos, principalmente contra la propiedad.

Hay que rescatar que el Chile Seguro, construido sobre la existente Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2006-2010) de Bachelet, dejará al próximo Gobierno una serie de iniciativas extraordinariamente positivas: el Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD); el Banco Unificado de Datos (BUD); el Registro de Prófugos y Pedófilos; los programas Barrio en Paz Comercial y Residencial; el Programa Alerta Hogar; el Programa de Protección de la Violencia Escolar; las escuelas certificadas que acreditan tener políticas adecuadas para la prevención del consumo de drogas y alcohol, y los programas de reinserción social y capacitación laboral de reclusos, entre otras.

Lo relevante desde la perspectiva de las políticas públicas en seguridad pensando en el nuevo Gobierno, es que exista continuidad y -en particular- el que su plan de seguridad 2014-2018 avance en el enfoque que ha comenzado a instalar en nuestro país el Chile Seguro, de políticas basadas en evidencia. Un retroceso en esta materia sería grave.

En efecto, uno de los déficits relevantes de las políticas de seguridad pública en Chile, es que se siguen basando en conceptos y estrategias más centradas en intuiciones y viejas prácticas –pensadas en las estructuras organizacionales de las instituciones encargadas de la seguridad que en la reducción del delito–, donde la evidencia es escasamente utilizada. En efecto, probablemente el mayor consenso que está emergiendo a nivel global dice relación con la generación de políticas y programas basados en evidencia, los que con coberturas adecuadas, vayan teniendo, en el agregado, un efecto significativo en la reducción del delito.

Junto con lo anterior, el Gobierno de Bachelet debiese avanzar en dos aspectos que cruzan los diferentes ámbitos de la seguridad: equilibrar de mejor forma el tratamiento, de la prevención y la rehabilitación y reinserción –típicamente sub-consideradas frente a la persecución y sanción, pero de alta rentabilidad social y en su impacto en la reducción de la victimización y reincidencia–; y elevar los estándares en materia de transparencia, rendición de cuentas y control de gestión de las diversas instituciones públicas encargadas de la seguridad.