Por estos días ha pasado casi inadvertida la tramitación del proyecto conocido como la Ley de Afectación de Utilidad Pública (Boletín N°8.828-14). Tal como lo menciona su nombre, busca modificar la actual normativa referente al permiso de los municipios u otro tipo de autoridad competente para solicitar terrenos a particulares para uso público.
Esta iniciativa fue ingresada por la Administración anterior el 11 de marzo de 2013, y recibió una serie de modificaciones por la comisión de Vivienda del Senado, que según la investigadora del Programa Social, Paulina Henoch, requieren de una profunda revisión. “Éstas podrían limitar de forma importante el derecho de propiedad y generar un perjuicio considerable a los dueños de los inmuebles afectados, restringiendo su construcción, provocando una disminución temporal del valor de la propiedad y generando dificultades para venderlos con créditos hipotecarios, entre otras cosas consecuencias”, explica.
Según la experta en el actual proyecto de ley renace las declaratorias que ya caducaron con la Ley N° 19.939 y con la Ley N° 20.331. Además, “está muy mal establecido” cómo notifican que la propiedad está afecta y el procedimiento de reclamo. Más que mal, cuando éstas ocurren se produce un serio perjuicio del valor de la propiedad, el cual debe ser compensado.
A juicio de la ingeniera comercial si bien es deseable que en una ciudad existan y se promueva la construcción de plazas, proyectos viales u otros bienes de utilidad pública; la forma en que se consiguen estos espacios no da lo mismo. En especial, si son comprados o expropiados.
“La planificación urbana debe guardar un justo equilibrio entre la propiedad pública y la propiedad privada, sin que esto implique que las políticas urbanísticas sean realizadas de manera arbitraria. Además, se debe considerar que la intención actual de los parlamentarios es que se eliminen los plazos de caducidad de las declaratorias de utilidad pública”, comenta Paulina Henoch.
A raíz de lo anterior, la investigadora recalca que: “Es sumamente necesario avanzar en cuanto a normativa para que estas decisiones no dependan de la arbitrariedad de la autoridad vigente, resguardando las buenas intenciones de promover el desarrollo de la ciudad con el derecho de los propietarios de los inmuebles. Lo anterior se obtendría, entre otras medidas, con plazos de caducidad claros, mecanismos de publicidad de las políticas y de las afectaciones particulares, instancias de reclamación y mecanismos compensatorios”.
